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EL
OSCURO PASADO DE UN CALUMNIADOR Sólo hay un país donde un delincuente se puede convertir en el árbitro de la moral pública.
Y eso sucede porque la prensa, que demuestra poco espíritu crítico, lo permite. Ese país es Colombia.
En nuestro país un individuo que encabezó un grupo que se dedicó al asesinato, al secuestro, a la extorsión, y que hizo "trabajos"
financiados por el narcotráfico se ha convertido para muchos ingenuos en el árbitro de la moral. Se trata del
congresista Gustavo Petro, quien fue dirigente del M-19,
un grupo terrorista sanguinario. En otro país estaría en la cárcel o, en el mejor de los casos, relegado al anonimato.
A
pesar de que el M-19 cometió algunos de los más espantosos delitos, todos sus crímenes fueron indultados o amnistiados en
aras de la paz, y además olvidados por la mayoría de los colombianos, incluidos, parece ser, todos los periodistas. No existía
una ley de alternatividad penal como la que hoy se discute,
que obliga a reparar y confesar. Por el contrario, los criminales de esa organización fueron premiados con cargos públicos
y mucho dinero.
Un
secuestrador, un extorsionista o un asesino, no dejan de serlo por el hecho de disfrutar de la amnistía. Es un sello descriptivo
de conducta que se lleva para siempre. Pero las actividades cuestionables de Petro no terminaron con la dejación de las armas.
Luego resultó ser el político colombiano favorito del golpista
Hugo Chávez. La amistad nació cuando el actual presidente de Venezuela, después un fracasado golpe de estado contra el gobierno
de Carlos Andrés Pérez, huía de la justicia de su país. Una foto registra la unión de "bolivarianos" en el Puente de Boyacá.
Hace poco, Petro encabezó una marcha de izquierdistas colombianos que viajaron a Caracas
a dar apoyo al dictador venezolano.
Petro
es también viajero frecuente. Asiste a cualquier foro donde tenga oportunidad de oponerse a todo aquello que resulte inconveniente
a las FARC o al ELN. Recientemente viajó a Europa donde fue personaje clave en el intento por sabotear el viaje del presidente Uribe.
Ahora,
resulta que el secuestrador y asesino amnistiado es experto en derechos humanos, y su experiencia como extorsionista y asaltante le permiten ser experto en honestidad pública. Su oficio principal,
sin embargo, es la calumnia. Protegido por el fuero parlamentario, calumnia a quien quiere.
Es
bueno recordar algunas de las atrocidades del M-19, dirigido
por Petro y sus secuaces. Inicialmente los colombianos creyeron que era un grupo de ladrones idealistas, puesto que la primera
acción del novel grupo armado fue el robo de la espada de
Bolívar. Pronto se vio su verdadera naturaleza: Secuestraron y asesinaron a José Raquel Mercado, presidente de una central
sindical. Quienes hoy se presentan como defensores de los
derechos humanos ejecutaron a sangre fría a una persona indefensa. Más tarde vendría la toma de la embajada de la República
Dominicana, y luego, ya al final de su periplo asesino, la toma a sangre y fuego del
Palacio de Justicia. En este caso, para empezar, asesinaron a los celadores. El incendio de los expedientes y el asesinato
de los magistrados de la sala penal tampoco fue una casualidad. Era un mandado para los narcos, que habían financiado a los
terroristas y querían evitar la extradición.
Conviene
recordar una actuación que es clara muestra de la crueldad extrema del
grupo: el caso de Nicolás Escobar Soto. Este ejecutivo, presidente de la petrolera Texas,
fue secuestrado e internado en una "cárcel del pueblo".
El M-19 había excavado una cueva bajo el piso de una vivienda para mantener allí a las víctimas. La cámara estaba a unos cuatro
o cinco metros de profundidad y a ella se accedía por un agujero vertical. Quien escribe estas líneas visitó el lugar. Cuando
la fuerza pública intentó el rescate de Escobar Soto, el terrorista encargado de vigilarlo lo asesinó. El testimonio de quienes
vieron el cadáver del industrial fue desgarrador. Encerrado
en una húmeda cueva durante semanas, su cuerpo estaba cubierto de hongos; tenía el aspect de una víctima de Auschwitz.
Es
bueno que los desmemoriados periodistas que tanta prensa le
dan al señor Petro recuerden su repulsivo pasado criminal. Conviene sugerirles que, con un mínimo esfuerzo, pueden encontrar
algún guardián de la moral pública respetable y un experto en derechos humanos que no los haya violado todos.
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Gustavo Petro, gran calumniador

Un secuestrador, un extorsionista o un asesino, no dejan de serlo
por el hecho de disfrutar de la amnistía. Es un sello descriptivo de conducta que se lleva para siempre.
The main
rebel group in Colombia must stop attacking civilians using gas cylinder bombs, Human Rights Watch
told the rebel commander in a letter released today. Using such weapons, the Revolutionary Armed Forces
of Colombia-People's Army (FARC-EP) has indiscriminately killed and injured numerous civilians and destroyed homes, schools,
and churches.
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The
FARC-EP is responsible for committing systematic atrocities against civilians. The FARC-EP must immediately stop using gas
cylinder bombs, because their use constitutes a serious violation of international humanitarian law.
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The most recent of these attacks occurred on May 2, 2002, in Bojayá, Chocó. During a reported clash
between the FARC-EP and paramilitary forces, civilians sought refuge in a local church. According to credible reports received
by Human Rights Watch, at least one gas cylinder bomb fired by the FARC-EP forces struck this church, killing at least 117
civilians, including at least forty-eight children, and injuring at least 114 other civilians. "The FARC-EP
is responsible for committing systematic atrocities against civilians," said José Miguel Vivanco, executive director of the
Americas Division of Human Rights Watch. "The FARC-EP must immediately stop using gas cylinder bombs, because their use constitutes
a serious violation of international humanitarian law." Gas cylinder bombs are indiscriminate weapons
impossible to aim with accuracy, and consequently often strike civilian objects and cause avoidable civilian casualties. International
humanitarian law prohibits attacks on civilians and civilian objects. The use of gas cylinder bombs in a civilian area violates
the international humanitarian law prohibition against indiscriminate attacks. Violations involving direct or indiscriminate
attacks on civilians during an internal conflict are increasingly recognized internationally as war crimes. In
a twelve-page letter to Manuel Marulanda, the FARC-EP's commander-in-chief, Human Rights Watch documented the FARC-EP's use
of gas cylinder bombs in at least twenty-seven attacks since July 2001, not including the recent attack in Bojayá, Chocó.
At least twelve civilians were killed and forty-five others injured, including ten children, during these attacks. Gas cylinder
bombs launched by the FARC-EP have caused severe damage to schools, churches, and civilian homes and places of work in Colombia. Human Rights Watch reminded
Marulanda that to use indiscriminate weapons violates one of the most basic principles of the laws of war, which requires
that combatants be distinguished from noncombatants and that military objectives be distinguished from protected property
or places. Formally established in 1964, the FARC-EP is Colombia's
oldest and largest rebel group. Although estimates differ, the FARC-EP is believed to have over 15,000 members and is active
throughout Colombia. Marulanda was one
of its original founders and now presides over the General Secretariat, the group's governing body. "As
the most senior commander of the FARC-EP, Manuel Marulanda is responsible for the persistent human rights abuses committed
by his forces," said Vivanco. "He bears the responsibility for ensuring that FARC-EP forces abide by international legal norms,
and that is why we addressed him directly." Human Rights Watch previously wrote to Commander Marulanda on July 10, 2001, urging him to stop his forces
from committing a wide range of human rights abuses, including the use of prohibited weapons. Since then, however, the FARC-EP
has not only continued to use gas cylinder bombs, but has escalated its use of them in blatant disregard for international
humanitarian law.
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